Marçal Nadal de Mata explora cómo influyen las neurodivergencias en la toma de decisiones legales y el papel clave de la evaluación neuropsicológica.

Qué son las neurodivergencias y por qué son relevantes en el ámbito legal

El término neurodivergencia ha evolucionado como respuesta a la estigmatización de ciertos diagnósticos del neurodesarrollo y al reconocimiento de que los modelos sociales de la discapacidad y los enfoques basados en fortalezas son necesarios para comprender las experiencias y garantizar el bienestar de los grupos neurodivergentes (Sonuga-Barke y Thapar, 2021). 

La neurodivergencia reconoce la variabilidad inherente en el funcionamiento neurológico entre las personas, moldeada por una compleja interacción de factores biológicos, culturales y sociales. Este concepto enfatiza que las variaciones en el procesamiento cognitivo, la conducta y la forma de interactuar con la información son naturales y contribuyen a la diversidad humana (Thorp, 2024). 

Las condiciones neurológicas como el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), la dislexia, las dificultades del aprendizaje y otras condiciones neurodivergentes deben entenderse como variaciones del cerebro humano, y no como enfermedades que deban ser curadas (Armstrong, 2015; Miranda-Ojeda y San-Juan, 2023). 

Este artículo aborda cómo las neurodivergencias pueden influir en procesos legales (ya sea como acusados, testigos, víctimas o participantes en procedimientos judiciales) desde varias perspectivas: prevalencia y riesgo en el sistema de justicia, mecanismos como impulsividad, cognición social, comprensión de las normas; y por qué la evaluación e intervención neuropsicológica son clave para salvaguardar derechos y asegurar decisiones justas. 

Neurodivergencias y sistema judicial

Diversos estudios han señalado que las personas neurodivergentes están sobrerrepresentadas en el sistema de justicia. Por ejemplo, se estima que las personas con TDAH o condiciones de neurodesarrollo pueden estar presentes a tasas mucho más altas en contextos de privación de libertad que en la población general. En un estudio de revisión se halló que las personas con TDAH tienen una significativa mayor probabilidad de estar implicados en el sistema penal (Young y Thome, 2011).

Además, los desafíos no sólo se derivan de la conducta delictiva: en el entorno judicial (policía, juzgados, prisiones) hay falta de identificación, formación del personal y adaptaciones adecuadas para personas neurodivergentes, lo que explica también un mayor riesgo de vulnerabilidad y de decisiones menos equitativas (Clasby et al., 2022). 

Impulsividad y toma de decisiones: el TDAH en el sistema judicial

Una de las características centrales del TDAH es la impulsividad, junto con inatención y, en algunos casos, hiperactividad. Esta impulsividad comportamental y cognitiva tiene implicaciones legales: menor capacidad de inhibición, mayor urgencia por recompensas inmediatas, menor planificación y supervisión de consecuencias. En este sentido, un estudio en adultos con TDAH encontró que tanto los síntomas de hiperactividad e impulsividad como la inatención se relacionaban con mayor implicación en conductas delictivas a lo largo del desarrollo (Engelhardt et al., 2019). 

Revisiones más recientes sugieren que el tipo de infracciones realizadas por personas con TDAH tiende a ser más oportunista, impulsiva, con menor planificación (Young et al., 2023). Desde la perspectiva de la toma de decisiones legales, esto significa que una persona con TDAH que ha realizado una conducta delictiva puede haber actuado sin la capacidad de prever bien las consecuencias, o menos capacidad de ajustar su conducta según normas sociales y legales, lo que puede afectar tanto la fase de investigación, de interrogatorio, como el juicio o la sentencia. 

En términos de intervención, se ha observado que el tratamiento del TDAH (por ejemplo, medicación más intervención conductual) puede estar asociado con una reducción en la conducta delictiva (Carlander et al., 2024). 

Cognición social, empatía y comprensión de normas: el reto del autismo en la justicia

La cognición social (la capacidad de inferir estados mentales, intenciones y emociones de otros) es un componente crítico en muchas decisiones legales: imputabilidad, reconocimiento de culpabilidad, credibilidad del testigo, capacidad de consentimiento y valoración de normas.

En el caso del autismo se ha investigado cómo varían estos procesos. Un estudio comparó a adultos con autismo de alto funcionamiento y sujetos control en juicios morales. No se hallaron diferencias significativas en el comportamiento simple, pero sí diferencias en activación cerebral: menor activación de la amígdala y otras regiones cerebrales relacionadas con la empatía en el grupo TEA (Schneider et al., 2013). 

Otras investigaciones indican que personas con TEA muestran diferencias sutiles en algunas bases morales; por ejemplo, mayor énfasis en la sistematización frente a la empatía cognitiva (Greenberg et al., 2024). 

Además, en tareas de razonamiento basadas en normas sociales, se ha observado que los niños y adolescentes con TEA pueden conocer reglas sociales, pero tienden a aplicarlas de forma más rígida y tienen menor flexibilidad al procesar intenciones o estados mentales complejos (Komeda et al., 2016). 

Estas diferencias tienen implicaciones en el contexto legal. Por ejemplo, una persona autista puede comprender la norma escrita, pero no anticipar totalmente la intención del otro, evaluar correctamente el impacto humano o entender la flexibilidad que el sistema legal permite. También como testigo o víctima, puede tener dificultades para procesar el procedimiento, comprender lo que se espera de él/ella, o comunicarse de forma que sea percibida como “normal”. En consecuencia, la evaluación neuropsicológica debe incluir estos dominios de cognición social, comprensión de normas y flexibilidad de toma de decisiones.

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Comprensión de normas legales y capacidad 

La participación plena y justa de una persona en un proceso judicial requiere que ésta comprenda el procedimiento, sus derechos, las consecuencias, y pueda comunicarse y participar de forma significativa. En el contexto de las neurodivergencias, estas capacidades pueden estar comprometidas por diferencias cognitivas, de procesamiento social o de atención. Por ejemplo, una guía de buenas prácticas para tribunales señala que los participantes neurodivergentes pueden sentirse ansiosos, confundidos o incomprendidos en un entorno judicial que espera un estilo de comunicación “neurotípico” (Family Justice Council, 2025). 

Asimismo, en procesos de familia, se observa que la “participación afectiva” exige que la persona comprenda la naturaleza del proceso y los derechos que se están ejerciendo, algo que podría estar alterado en personas con TEA, TDAH u otras neurodivergencias (The Michael Sieff Foundation, 2025). 

Desde la evaluación neuropsicológica forense, es de especial importancia valorar la capacidad cognitiva y volitiva (capacidad para entender, dirigir y controlar la conducta), la función ejecutiva (planificación, inhibición, toma de decisiones), la atención y memoria, y la cognición social de la persona. Estas funciones impactan directamente en decidir si una persona puede declarar, consentir o ser juzgada de forma justa. Por otro lado, los sistemas judiciales pueden requerir adaptaciones (por ejemplo, lenguaje simplificado, pausas, apoyo visual) para asegurar que la persona neurodivergente esté en igualdad de condiciones. 

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Evaluación neuropsicológica forense: garantizar la equidad en los procesos legales

La neuropsicología juega un papel fundamental en los procesos legales que implican neurodivergencias. Algunas implicaciones incluyen: 

• Cribado e identificación temprana: en el sistema de justicia se recomienda que se realice un cribado de condiciones del neurodesarrollo para que los perfiles neurodivergentes sean identificados y se adapten los procedimientos (Clasby et al., 2022). 
• Evaluación neuropsicológica: con énfasis en atención, memoria, funciones ejecutivas, cognición social, comprensión de normas, impulsividad y comprensión de consecuencias. Esta evaluación deberá incluir herramientas para detectar la simulación y disimulación. 
• Intervención orientada a fortalezas: más allá del modelo “déficit”, adoptar un enfoque de neurodiversidad que reconozca las capacidades distintas y los ajustes razonables necesarios. 
• Adaptaciones procesales: como lenguaje estructurado, pausas, pictogramas, testigos expertos, tiempos ampliados. Sin estas adaptaciones la justicia puede verse comprometida para neurodivergentes (Washington State Supreme Court Disability Justice Task Force, 2025). 
• Formación y sensibilización del personal judicial: jueces, abogados, policía, servicios penitenciarios requieren formación para comprender cómo la neurodivergencia puede afectar la conducta, la comunicación y la toma de decisiones legales (Criminal Justice Joint Inspection, 2021). 
• Intervención precoz en TDAH como factor de protección: la evidencia indica que tratar el TDAH reduce el riesgo de conducta delictiva, lo que sugiere que la intervención temprana tiene un papel preventivo en el ámbito legal (Carlander et al., 2024). 

Conclusión: hacia un sistema judicial inclusivo y neuroinformado

Las neurodivergencias presentan desafíos específicos en el contexto judicial y la toma de decisiones legales: desde una mayor vulnerabilidad a entrar en contacto con el sistema penal, hasta barreras en la participación plena y equitativa en procesos judiciales. Los mecanismos implicados incluyen impulsividad (especialmente en TDAH), diferencias de cognición social y empatía (TEA), y dificultades en comprensión de normas, planificación y atención que afectan la comprensión legal. Por ello, adoptar un enfoque de neurodiversidad (que reconozca las diferencias neurológicas como variaciones humanas y no únicamente como “patologías”) facilita la implementación de evaluaciones neuropsicológicas integrales, adaptaciones procesales adecuadas e intervenciones tempranas que pueden mejorar el bienestar de personas neurodivergentes, la justicia, la equidad y los resultados legales. 

Bibliografía

• Armstrong, T. (2015). The Myth of the Normal Brain: Embracing Neurodiversity. AMA Journal of Ethics, 17(4), 348-352. https://journalofethics.ama assn.org/article/myth-normal-brain-embracing-neurodiversity/2015-04 
• Carlander, A., Rydell, M., Kataoka, H., Hildebrand Karlén, M., & Lindqvist Bagge, A. S. (2024). A Remedy for Crime? A Systematic Review on the Effects of Pharmacological ADHD Treatment on Criminal Recidivism and Rehabilitation in Inmates With ADHD. Brain and behavior, 14(11), e70120. https://doi.org/10.1002/brb3.70120 
• Clasby, B., Mirfin-Veitch, B., Blackett, R., Kedge, S., & Whitehead, E. (2022). Responding to neurodiversity in the courtroom: A brief evaluation of environmental accommodations to increase procedural fairness. Criminal behaviour and mental health: CBMH, 32(3), 197–211. https://doi.org/10.1002/cbm.2239 
• Criminal Justice Joint Inspection (2021). Neurodiversity in the criminal justice system: a review of evidence. https://share.google/KWHw0row8cBYX72LN 
• Engelhardt, P. E., Nobes, G., & Pischedda, S. (2019). The Relationship between Adult Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Criminogenic Cognitions. Brain sciences, 9(6), 128. https://doi.org/10.3390/brainsci9060128
• Family Justice Council (2025). Family Justice Council Guidance on Neurodiversity in the Family Justice System for Practitioners. https://share.google/f4ZU8LF4RZrMuEqoW 
• Greenberg, Y. D. M., Holt, R., Allison, C., Smith, P., Newman, R., Boardman Pretty, T., Haidt, J., & Baron-Cohen, S. (2024). Moral foundations in autistic people and people with systemizing minds. Molecular autism, 15(1), 20. https://doi.org/10.1186/s13229-024-00591-8 
• Komeda, H., Osanai, H., Yanaoka, K. et al. (2016). Decision making processes based on social conventional rules in early adolescents with and without autism spectrum disorders. Nature, Scientific Reports 6, 37875. https://doi.org/10.1038/srep37875 
• Miranda Ojeda, R., & San-Juan, D. (2023). Letter to the Editor Concerning «Evolution and Medical Implications of Neurodiversity: Where Must We Go?». Journal of autism and developmental disorders, 53(6), 2529–2530. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05556-5 
• Schneider, K., Pauly, K. D., Gossen, A., Mevissen, L., Michel, T. M., Gur, R. C., Schneider, F., & Habel, U. (2013). Neural correlates of moral reasoning in autism spectrum disorder. Social cognitive and affective neuroscience, 8(6), 702–710. https://doi.org/10.1093/scan/nss051 
• Sonuga-Barke, E., & Thapar, A. (2021). The neurodiversity concept: is it helpful for clinicians and scientists? The lancet. Psychiatry, 8(7), 559–561. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00167-X 
• The Michael Sieff Foundation (2025). Justice for children with SEND & neurodivergence. https://share.google/CstUT1xyXOyDGc6mx 
• Thorp H. H. (2024). Science needs neurodiversity. Science (New York, N.Y.), 384(6694), 365. https://doi.org/10.1126/science.adq0060 
• Young, S., Cocallis, K., Lane, C., & Chong, M. D. (2023). Overview of Offenders with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In J. M. McCarthy, R. T. Alexander, & E. Chaplin (Eds.), Forensic Aspects of Neurodevelopmental Disorders: A Clinician’s Guide (pp. 34–47). chapter, Cambridge: Cambridge University Press. 
• Young, S., & Thome, J. (2011). ADHD and offenders. The world journal of biological psychiatry : the official journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 12 Suppl 1, 124–128. https://doi.org/10.3109/15622975.2011.600319 
• Washington State Supreme Court Disability Justice Task Force (2025). Supporting Individuals with Autism in Court: Tools and Strategies for Effective Support. https://share.google/3UMT1tX7b8FwzS70B

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